Aparte de la falsa idea de que el aborto es constitucionalmente ilegal, en el que liberales y conservadores están totalmente de acuerdo, quizás no tan paradójicamente, dado los equivocados presupuestos de metodología jurídico-constitucional que comparten y desde los que parten- es el de que la Constitución de 2010 prohíbe el matrimonio entre homosexuales. Pero lo cierto es que no hay un solo texto en nuestra Constitución que prohíba expresamente el matrimonio homosexual.
La Constitución establece una norma programática mediante la cual se establece como mandato la obligación del Estado de promover y proteger “la organización de la familia sobre la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer” (Artículo 55.3), pero en modo alguno se declara ilegal o se prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y es que una prohibición solo puede resultar o bien de un texto constitucional expreso –que no existe respecto al matrimonio igualitario- o bien de una ley, pues a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe (Artículo 40.15 de la Constitución Dominicana). A lo sumo, lo que la Constitución contiene es una opción estatal por el matrimonio heterosexual que, por un lado, obliga a diseñar políticas públicas que lo promuevan y lo protejan y, por otro, impiden prohibir por ley el matrimonio heterosexual.
Sin embargo, este texto no debe ser interpretado en el sentido de prohibir el matrimonio homosexual. Tal interpretación es tan descabellada como como afirmar que porque el Estado debe promover “el acceso a la propiedad inmobiliaria” (Artículo 51.2 de la Constitución) entonces prohíbe la propiedad mobiliaria a los GLBT.
En realidad, lo que el artículo 55.3 de la Constitución establece es ante y sobre todo una garantía institucional: la garantía del instituto del matrimonio.
Pero como siempre aparecen algunos anti GLBT, entre ellos los líderes católicos y evangélicos. Cuáles siempre tienen un discurso de odio y discriminación hacia los gay, lesbianas, bisexuales y transexuales. Más desde el no se le pone un alto a dichos discursos de odio y discriminación; quizás por miedo a la Iglesia Católica y otra razón. Pero recordar que las iglesias no pagan impuestos, más si los GLBT que representan el 4.5% de la población dominicana.
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