Cuatro de las 17 comunidades autónomas eluden reconocer en su legislación la realidad LGTB que, como en todo el mundo, se da en sus territorios: la Asturias que preside el socialista Javier Fernández con el apoyo de IU y Podemos, la Cantabria que dirige el regionalista Miguel Ángel Revilla con el apoyo del PSOE y las conservadoras Castilla y León y La Rioja, gobernadas por Juan Vicente Herrera y José Ignacio Ceniceros, ambos del PP y sostenidos por C’s.

Otras diez autonomías gobernadas en las últimas legislaturas por un amplio abanico de partidos que incluye a PSOE, PP, CiU, PNV, ERC y CC, apoyados en la actual por otros como Podemos, C’s o Mès, han aprobado leyes con medidas de igualdad y para promover la no discriminación por razones de orientación sexual, mientras que Valencia, Aragón y Castilla-La Mancha han iniciado los trámites para sacarlas adelante.

Esta última comunidad es, de este grupo, la que menos adelantados lleva los trámites, ya que su Instituto de la Mujer espera tener un texto disponible el año que viene.

Andalucía acordó a primeros de octubre tramitar dos iniciativas, una de Podemos y otra del PSOE apoyadas por el resto de partidos del parlamento autonómico, con las que completará la regulación de 2014, en la que ya recogía cómo “la definición del sexo-género de una persona va mucho más allá de la apreciación visual de sus órganos genitales externos en el momento del nacimiento y no es un concepto puramente biológico, sino, sobre todo, psicosocial”.

Por último, el Consejo de Gobierno de Aragón aprobó el pasado 30 de noviembre un anteproyecto de ley que próximamente irá a las Cortes, donde también todo el arco político coincidió hace unas semanas en la necesidad de sacar adelante una norma de igualdad.

Esos mismos grupos llevan tiempo reclamando el mismo trato en las cuatro comunidades en las que la ley no reconoce expresamente su realidad. En el caso de Castilla y León, diez asociaciones elaboraron a finales de octubre un borrador que prevén trasladar a las cortes autonómicas para su tramitación.

Tienen, en todos esos territorios, el apoyo de otros colectivos sociales, caso de sindicatos como CCOO en Asturias, aunque también el rechazo de alguna organización política: el PP riojano tumbó la pasada legislatura un proyecto de ley promovido por el PSOE, y nada apunta a que haya cambiado de posición en los últimos meses.

Dos comunidades tradicionalmente conservadoras como Navarra y el País vasco fueron las pioneras en impulsar leyes igualitarias en identidad de género, aunque en este caso se centraban en el tratamiento de la transexualidad.

El Parlamento navarro aprobó la suya, que contempla la financiación pública de los procesos de reasignación sexual, en 2009, cuando ya hacía veinte años que el Parlamento Europeo había instado a los países comunitarios a incluir el cambio de sexo en sus sistemas de salud y a reconocer el derecho a modificar el nombre en los documentos oficiales y en los registros. Euskadi tardaría tres años más en aprobar su norma.

En ambos casos, junto con medidas de fomento de la no discriminación, abordaban el segundo de esos asuntos, cuya regulación estatal presenta lagunas. De hecho, el Constitucional tiene sobre la mesa una consulta del Supremo en la que tendrá que decidir si un menor transexual puede cambiarse el nombre antes de cumplir 18 años o debe esperar a ese momento como marca la ley.

El grueso de las leyes que normalizan y visibilizan el fenómeno LGTB comenzaría a llegar en el tramo final de la pasada legislatura autonómica. En la mayoría de los casos, por unanimidad de las cámaras que las tramitaban.

Comenzó Galicia, que en abril de 2014 estableció principio legal tan diáfano -“se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de orientación sexual e identidad de género”- como carente de medios coercitivos para su cumplimiento, ya que la norma carece de régimen sancionador.

Le siguieron en octubre de ese año Canarias...

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