El Senado de Italia recibió ayer el proyecto de ley sobre las uniones civiles homosexuales, un texto que comienza ahora su tramitación parlamentaria y que, durante su redacción, ha suscitado polémicas y divisiones incluso en el seno del Gobierno.
Por el momento no se ha fijado una fecha de discusión del texto, que, según los medios locales, tendrá que esperar a que los legisladores italianos opinen sobre los Presupuestos Generales para el próximo año.
Las fuentes estiman que la primera votación en la Cámara alta podría ser en noviembre, mientras que para la votación final habrá que esperar al próximo año.
En cualquier caso, todo apunta a que los plazos para su aprobación definitiva pueden ser amplios, debido a la controversia que el texto suscita.
El proyecto de ley, impulsado por la senadora del gobernante Partido Demócrata (PD) Monica Cirinnà, ha tenido que ser modificado en las últimas semanas después de meses de obstrucción en la Comisión de Justicia del Senado.
El texto extiende a las uniones civiles homosexuales todos los derechos y deberes del matrimonio tradicional, incluidos los relativos a los vínculos patrimoniales como pensiones de viudedad, ventajas fiscales y permisos de trabajo por motivos familiares.
Establece que la figura de la "unión civil" solo hace referencia a parejas homosexuales y no incluye el término "familia", sino "formación social específica", lo que ha molestado especialmente a la comunidad LGBT italiana (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales).
También elude el término "matrimonio" y, aunque permite la adopción del hijo biológico de uno de los miembros, impide adoptar a un niño que no sea hijo de uno de los miembros de la pareja.
Este proyecto de ley ha generado grandes controversias en la política italiana, unas divisiones que han alcanzado incluso al Gobierno de coalición del socialdemócrata Matteo Renzi, integrado por fuerzas situadas a ambos lados del centro.
Italia es uno de los países de la Unión Europea que no ha legislado en esta materia, junto a Bulgaria, Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia.
El pasado 21 de julio, el Tribunal de Estrasburgo condenó a Italia por no respetar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y le instó a que legalice las uniones civiles entre personas del mismo sexo.
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