Las venezolanas Giniveth Soto y Migdelis Miranda se mudaron a Argentina para poder casarse y tener un bebé mediante inseminación artificial. Las leyes argentinas permiten que en la partida de nacimiento consten las dos como madres, pero a su regreso a Venezuela, el Registro Civil se negó a aceptarla. La única solución ofrecida por las instituciones a las que acudieron fue que una de las dos renunciase a constar como madre. La semana pasada, cuando hacía apenas un mes que habían regresado de Argentina, intentaron robarle el carro a Giniveth en el centro de Caracas. Ella resistió y el ladrón le disparó. “Giniveth decía que no quería morir sin que el niño tuviera el apellido de las dos”, cuenta el activista y amigo de la familia Koddy Campos. El bebé tiene tres meses. El 28 de diciembre quedará en situación ilegal si el Registro Civil sigue sin aceptar su partida de nacimiento.
La muerte de Giniveth ha dejado a su pareja y su hijo en una situación de desamparo administrativo y económico. Ella era la propietaria de los bienes de los que disponía la familia; el hijo no los puede heredar mientras no se resuelva su situación administrativa, y Migdelis tampoco mientras no se la reconozca legalmente como su esposa. A la viuda no se le permitió tomar decisiones sobre los ritos fúnebres.
Este caso se ha convertido en emblema de la lucha por los derechos civiles de lesbianas y gais, y también en revulsivo para exigir su urgente reconocimiento. Si bien Nicolás Maduro ha citado el respeto a la diversidad sexogenérica en sus últimos discursos - como durante una marcha antiimperialista el pasado lunes -, y el I Plan de la Patria 2013-2019 insta a generar políticas y legislaciones para reconocer los derechos de las personas LGTBI, la tramitación de un Proyecto de Ley del Matrionio Civil Igualitario no es fruto de su compromiso, sino de una Iniciativa Popular Legislativa, después de que más de 40 asociaciones lograsen recoger 21.000 firmas (el mínimo que se exige es 20.000). La Asamblea Nacional ha estado apurando el plazo que la Constitución bolivariana contempla para responder a las leyes propuestas por la ciudadanía; el periodo de sesiones parlamentarias que siga a su tramitación, que termina este mes de diciembre.
El pasado martes, el movimiento LGTB se concentró frente a la Asamblea Nacional para exigir la aprobación del Proyecto de Ley del Matrimonio Igualitario. Ese mismo día, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas, designó a tres diputados para responder sobre la inclusión de la propuesta legislativa en la agenda de esta institución.
Para leer el interesante artículo de opinión publicado en rebelion.org, pinchad aquí.
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