La Comisión de Exteriores del Congreso acordó este miércoles, por unanimidad, instar al Gobierno a facilitar la concesión de asilo a lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB) perseguidos en sus países de origen por razón de su orientación sexual y que se encuentren en España. En más de 75 países la homosexualidad es delito y en siete se castiga con la muerte, según publican en la página web de el diario español El Pais.

La ley de Asilo y Refugio de 2009 ya permite que puedan acogerse a ella quienes sean perseguidos por su “orientación sexual”, pero esta previsión no se ha aplicado en ningún caso, a pesar de que se han presentado casi 300 solicitudes, según la diputada socialista Delia Blanco.

El acuerdo del Congreso fue fruto de una ardua negociación a partir de dos iniciativas: una del PSOE, que denunciaba la persecución de los homosexuales en Rusia; y otra de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que condenaba las leyes homófobas en países como Uganda.

El Grupo Popular, en contacto con Exteriores e Interior, acabó aceptándolas, tras limar sus aspectos más conflictivos, como la mención a países africanos concretos —en un momento en que España pelea cada voto en la ONU para entrar en el Consejo de Seguridad— o la exigencia de UPyD de que se estudie suspender la cooperación con países que mantengan legislaciones discriminatorias u homófobas. Irene Lozano recordó que Suecia han suspendido su ayuda financiera a Uganda después de que dicho país aprobara una ley —anulada por defecto de forma por el Tribunal Constitucional local— que criminaliza la homosexualidad y Dinamarca, Noruega y Holanda han amenazado con hacerlo.

No obstante, el PP sí aceptó “recordar al Gobierno ruso su responsabilidad” de investigar y perseguir las agresiones contra miembros del colectivo LGTB por parte de grupos neonazis y solicitar al Consejo de Europa que analice si la llamada ley contra la propaganda homosexual de Putin fomenta la discriminación.

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