El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que insta a los países del continente a reconocer el matrimonio homosexual con plenos derechos marca un antes y un después en Latinoamérica, una región con desigualdades significativas para la comunidad LGBT.
La decisión es determinante "para hacer mayor presión en aquellas legislaciones que no se han modificado y que requieren rápidamente una adecuación para garantizar los derechos de todas y todos, cualquiera sea la orientación sexual", dice a la AFP Silvia Augsburger, coautora de la ley de matrimonio igualitario argentina, aprobada en 2010.
El alto tribunal continental, con sede en San José, determinó que "todos los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar de parejas del mismo sexo deben ser protegidos, sin discriminación alguna con respecto a las parejas heterosexuales".
Al responder a una consulta de Costa Rica, la Corte IDH estimó que esa protección va incluso más allá de las cuestiones patrimoniales y abarca "todos" los derechos reconocidos a las parejas heterosexuales en la legislación interna de cada Estado.
Esto incluye el derecho a la adopción, al acceso a la salud de los cónyuges y a la pensión por viudez, entre otros.
El fallo, divulgado el martes, es vinculante para los países firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.
De todos estos solo cuentan con leyes que garantizan el matrimonio igualitario Argentina (2010), Uruguay y Brasil (2013), Colombia (2016), y una parte de México (2009 en adelante).
El exhorto de la Corte IDH da "mucha esperanza y es fundamental para el respeto a los derechos humanos y la construcción de sociedades justas y en condiciones de igualdad", dijo a la AFP Lol Kin Castañeda, activista y, junto a su pareja, las primeras en casarse en México cuando se aprobó el matrimonio gay en la capital.
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