Cuando en el franquismo se encerraba a los homosexuales en campos de concentración. En 1954 se modificó la Ley de vagos y maleantes para castigar, reprimir y criminalizar a todo aquel considerado por el régimen como ‘invertido’, siendo detenidos, encerrados y obligados a hacer trabajos forzados en las penitenciarías conocidas como ‘colonias agrícolas’
Una de las leyes más impopulares y temidas que se aplicó en España a lo largo de más de medio siglo fue la ‘Ley de vagos y maleantes’ (popularmente conocida como ‘la Gandula’). Erróneamente muchos son los que creen que dicha ley entró en vigor durante el franquismo, cuando en realidad fue dictada y aprobada en 1933, durante la Segunda República.
Sí que cabe destacar que fue durante la dictadura del general Franco cuando se aplicó con más contundencia y en la que se modificó en 1954 para castigar y reprimir ya no solo a las personas que consideraban un estorbo social (vagabundos, rateros de poca monta sin oficio, drogadictos o proxenetas…) sino también a todo aquel que fuese señalado como homosexual (por aquel entonces llamados ‘invertidos’) a los que se les criminalizó debido a la tendencia sexual que tenían.
Dicha ley disponía que los individuos a los que se les aplicaba la ley de vagos y maleantes se les debía mantener alejados de la población en general y confinarlos en un establecimiento de trabajo forzado, conocido como ‘colonia agrícola’, término que le daban los franquistas a los campos de concentración que comenzaron a abrir en varias localidades del país.
El tiempo de confinamiento en estos campos de concentración iba de uno a tres años, todo dependiendo del grado de ‘desviamiento moral’ que las autoridades apreciaban en el preso y, sobre todo, a los informes que remitía el correspondiente capellán castrense que estaba al frente y que era el que determinaba los castigos que se les iba imponiendo, como picar piedra durante más horas o rebajarle la ración de comida; algo que provocaba que muchos de los prisioneros estuvieran desnutridos.
A los homosexuales se les siguió persiguiendo y criminalizando hasta bien entrada de la democracia y no fue despenalizado y eliminados los artículos discriminatorios de la ley hasta 1979, aunque la referente a escándalo público todavía se mantuvo en vigor a lo largo de diez años más.
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