La reina Victoria de Inglaterra fue artífice de un modo de enfocar la sexualidad en la que los menores eran considerados seres inocentes e indefensos a los que había que proteger del erotismo, alertándoles continuamente sobre la inmoralidad de todo lo vinculado al sexo. Se pasó del cuerpo juvenil como objeto de celebración en poemas y esculturas al tabú.
En los años 60 y 80 del siglo XX, esta ideología pareció remitir. Los movimientos por la libertad sexual consiguieron abrir los pesados cortinajes victorianos y arrojar algo de luz sobre este ámbito de la vida. Pero ese impulso liberalizador duró poco porque los conservadores descubrieron algo: si incluían la palabra “niño” en sus propuestas, la sociedad aceptaba cualquier norma, por restrictiva que fuese. La lucha contra la homosexualidad se convirtió en lucha contra el “pedófilo”, las “ligas por la decencia” encontraron un filón en la pornografía infantil y las legislaciones europeas se hundieron en el fango del “¿nadie va a pensar en los niños?”.
Ahora le ha llegado el turno a nuestro Estado. Acaba de aprobarse en el Pleno del Congreso un proyecto de reforma del Código Penal que modifica una vez más (cinco veces en los últimos 20 años) los delitos sexuales contra menores y, como me dijo hace poco un exalumno, hoy opositor a juez: “Cuando lo leo, me imagino a la reina Victoria riéndose en nuestra cara”. En primer lugar, dicha reforma prevé que la edad de consentimiento de relaciones sexuales suba a los 16 años.
La reforma supone más control, más castigo, más recorte de libertades para los menores, más sospechas… pero también más hipocresía
¿A los 16? ¿En un Estado en el que se puede contraer matrimonio a los 14 y en el que, de acuerdo con varios estudios, la edad media de inicio de las relaciones sexuales está entre los 14 y 15 años? ¿Cuál es el mensaje? ¿“Si quieren tener relaciones sexuales, que se casen, como Dios manda, porque, si no, cometerán un delito de abuso sexual recíproco”? Por supuesto, el Gobierno dirá que, para evitar este problema, elevará la edad del matrimonio y en el Código Penal se incluirá que “el consentimiento libre del menor de dieciséis años excluirá la responsabilidad penal cuando el autor sea una persona próxima a la menor por edad y grado de desarrollo o madurez”.
Pero no se engañen, esa cláusula significa que, en todo caso, va a haber un proceso. Los menores tendrán que dar explicaciones, serán explorados por peritos y, finalmente, un juez dirá si su comportamiento entra dentro de lo permitido o no. Poco importa que hayan consentido libremente: un juez decidirá no sólo sobre su “desarrollo y madurez”, sino también sobre la “normalidad” de la relación sexual que hayan tenido. Además, aunque la cláusula dice “la menor” –lo que ya nos indica en qué está pensando el Gobierno–, los estudios indican que el inicio de relaciones sexuales con una persona de mayor edad es mucho más frecuente en homosexuales que en heterosexuales. De este modo, bajo una norma que parece igualitaria, habrá seguro una aplicación discriminatoria.
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