La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para cada uno de los acusados.
Los hechos ocurrieron en 2009. En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que los dos acusados presentaron a la Conselleria de Asuntos Sociales un proyecto de 'intervención psicosocial con mujeres y transexuales trabajadores del sexo'.
Este proyecto debía ser desarrollado por la asociación a la que pertenecían y de la que eran responsables sociales. La subvención fue concedida por un importe de 99.586 euros divididos en dos anualidades, pero los beneficiarios debían presentar una memoria justificativa y una memoria económica que nunca llegaron a entregar.
La Fiscalía mantiene que los acusados nunca aplicaron las cantidades recibidas al fin social para el que fueron aprobadas y que lo incorporaron a su patrimonio personal, enriqueciéndose a costa de la administración pública.
Según el escrito del fiscal, lo hicieron "fingiendo y dando la apariencia ante la Conselleria de que atendían y ayudaban a personas según lo previsto en el proyecto aprobado, mediante la impartición de cursos, programas asistenciales y actividades diversas".
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