Según una encuesta realizada por Ipsos bajo el título ‘Actitudes hacia las personas transgénero’ y llevada a cabo entre octubre y noviembre de 2017 en 16 países: Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Estado español, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Japón, Polonia, Serbia, Suecia e Inglaterra, se destaca que concretamente el 81% de la ciudadanía del Estado español cree que “el Gobierno debería tomar medidas para proteger al colectivo trans de la discriminación”.
“Las personas trans hemos sido objeto de diferentes estudios europeos donde se pone de manifiesto la vulnerabilidad y exclusión socio laboral que soporta este colectivo”.
La mayor encuesta sobre la discriminación que sufre la comunidad LGTB europea, elaborada por la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE en 2012, situó a las personas trans como las más perjudicadas, identificando que el entorno más hostil para las personas trans se ubica en el mundo laboral, especialmente para acceder a él.
“Subvertir esta situación es responsabilidad de toda la sociedad y del Gobierno que ha de velar por la igualdad de toda la ciudadanía, removiendo los obstáculos que impiden que un sector de la población siga siendo en una sociedad plural, diversa y democrática, personas de clase ‘B’”, explica Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans, quien añade que también es “responsabilidad de las empresas acabar con el ‘apartheid’ que sufren las personas trans en el ámbito laboral”.
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