En España son más de 18.000 los menores de edad que esperan ser adoptados mientras que, paradójicamente, hay 33.000 familias deseando darles un hogar. La china en el zapato de esta situación se encuentra en la ley para la protección de la infancia aprobada el pasado año, que casi 12 meses después sigue sin ser desarrollada, lo que provoca que las miles de familias “no tengan dónde dirigir su expediente o estén atascadas”.

“Un niño sin familia es el ser más vulnerable que existe en cualquier sociedad. No se puede defender y alzar la voz por sus derechos y tampoco tiene derecho a voto. Es por eso por lo que esta durísima realidad no molesta, ni tampoco aporta un beneficio electoral”, explica a EL ESPAÑOL la presidenta de la asociación Familias de colores, Susana Morales.

En su opinión, este tema debería ser una prioridad “absoluta” en campaña para que todos los partidos busquen una solución: “El futuro de estos niños no es una cuestión de color político sino de humanidad”.  

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