Hasta hoy, no existen datos oficiales sobre cuántas personas de la diversidad sexual se encuentran privadas de libertad en el sistema penitenciario La Modelo, sin embargo en abordajes realizados por la Asociación Nicaragüense de Trans (Anit) hemos identificado que existen, al menos, 50 que se definen como mujeres transgénero y hombres gay.
Ellas y ellos, en su mayoría han sido procesados por causas relacionadas a violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes y actos inmorales en las vías públicas, siendo esta última la causa que mayoritariamente ha imputado la Policía Nacional para trasladarlas a la celda preventiva y posterior acusarlas formalmente por la vía penal en los Juzgados de Nicaragua.
Es ahí donde comienza el “calvario”, porque no cuentan con el poder económico para contratar un abogado privado experto en la defensa de derechos humanos de la población LGBTI. Por ello su derecho a la defensa es atendido por la Defensoría Pública, una institución del Estado, que no cuenta con la sensibilidad y concientización que requieren estos casos, solo hecho de ser mujeres trans, las pone en desventaja ante tanto prejuicio.
Un hecho que también se registra en las delegaciones de la Policía Nacional, cuando una persona de la diversidad sexual, en este caso una mujer transgénero, se presenta a interponer denuncia. Las particularidades son las mismas. Se niegan a recibir la declaración de manera objetiva, los funcionarios de la institución policial, son los primeros en declarar culpable a la persona sin antes realizar las debidas averiguaciones, algo que no ocurre con las personas heterosexuales.
En el caso de las transgéneros que son encontradas culpables son remitidas a las celdas de la cárcel de La Modelo en Tipitapa. Es ese el sitio, donde los Derechos Humanos de estas ciudadanas son violentados día a día. Se les exige, como primera norma, el corte de cabello estilo militar, y se les informa que son delincuentes hombres y NO mujeres a como ellas se definen.
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