Nos hemos cruzado con una noticia publicada en la página web cordopolis.es sobre el caso de un cabo primero del Ejército, condenado a dos años y diez meses de prisión por abuso de autoridad, quien defiende que ha sido víctima de un complot por su condición de homosexual.
El Tribunal Militar Territorial Segundo, constituido en Sevilla en junio de 2015, condenó a dos años y diez meses de prisión a un cabo primero de un acuartelamiento de Córdoba. El Tribunal lo consideró culpable de un delito consumado y continuado de abuso de autoridad “en la modalidad de trato degradante”. El cabo primero niega todas las acusaciones, afirmando que algunas de ellas le sitúan en el acuartelamiento cuando él, subraya, se encontraba de misión en el extranjero. La sentencia ha sido recurrida ante la sala de lo militar el Tribunal Supremo y se está a la espera de su respuesta.
El entorno del militar acusado defiende que todo ha sido un “complot” que ha aprovechado la condición de homosexual del condenado. Según reza la sentencia, en el juicio, el cabo primero, que es militar profesional desde 1986 y no tiene antecedentes en su expediente, señaló que todos en el acuartelamiento en el que trabaja saben que es homosexual y que nunca ha tenido problemas al respecto. Pero en su entorno familiar, su marido -con el que convive desde hace 25 años- asegura a este periódico que “siguen existiendo episodios concretos de homofobia en el Ejército y este es un caso en el que lo han aprovechado para hacerle daño”.
El caso parte de una denuncia presentada en abril del año pasado por un cabo que dijo haber estado sufriendo desde 2007 una serie de “proposiciones, expresiones, tocamientos e insinuaciones de índole sexual” por parte de su jefe inmediato, el cabo primero acusado. El acusado niega todos estos hechos.
Durante la instrucción del caso el cabo primero acusado lo negó y señaló que con el denunciante solo le ligaba una relación profesional. Al respecto, destacó en su declaración del 29 de abril que, cuando regresó de una misión en el extranjero, al denunciante se le responsabilizó de una falta de material del que se había quedado a cargo mientras el cabo primero se encontraba de misión. Asimismo, añadió ante el juez instructor que había oído que el denunciante había sido repatriado de otra misión el en el extranjero “por problemas con el alcohol”, recoge el escrito de su declaración.
La defensa del acusado afirmó en la sala que el denunciante buscaba un interés económico. Según su tesis, perseguiría que su baja médica fuese reconocida como baja laboral y, tras un expediente de pérdida de aptitudes psicofísicas, dejar de pertenecer a las Fuerzas Armadas, cobrando así una pensión mayor. Este extremo es descartado en la sentencia, que se apoya en la conclusión de los peritos: el cuadro de ansiedad y depresión del denunciante coincide con los episodios de presuntos abusos de autoridad.
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