El Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía han acordado designar un grupo de trabajo que proponga una solución a las "discrepancias" expresadas por el Ejecutivo central sobre varios artículos de la Ley integral para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales que aprobó el Parlamento andaluz el pasado 25 de junio por unanimidad de todos los grupos políticos, según publican en la página web europapress.es
Gobierno y Junta decidieron poner en marcha este órgano el pasado 15 de octubre en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía.
Estos artículos regulan aspectos relativos a la concesión de documentación administrativa que refleje la "identidad de género manifestada" por las personas transexuales; el reconocimiento del derecho de los menores "con disconformidad de su identidad de género" a "utilizar libremente el nombre que hayan elegido" o la inclusión en la "cartera básica de servicios" sanitarios de tratamientos para modular el tono y timbre de la voz de las personas transexuales para adecuarlos a su identidad de género.
Ante las "discrepancias" expresadas por la Junta sobre la regulación estatal, ambas administraciones han decidido "designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda", así como comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional (TC) "a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)".
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