Grace Kely es una transgenerista de 31 años que desde noviembre pasado viene librando una batalla judicial para que el Estado les reconozca, a ella y a toda la comunidad LGBTI, su derecho al trabajo. Su petición es sencilla: debe abolirse para ellos el requisito de la libreta militar. El año pasado vio frustrada su intención de laborar como enfermera transgénero en el Distrito. Le dijeron que todos sus papeles estaban en regla, que la política de la Alcaldía era de inclusión con esta comunidad, pero que sin la libreta no podían contratarla. Acudió a una tutela. Se la negaron. Hoy la Corte Constitucional revisa su caso, según acaban de publicar en la página web elespectador.com
Su lucha empezó a mediados del año pasado. Según ella, Juan Florian, subdirector para Asuntos LGBT de la Alcaldía, la animó para que trabajara como enfermera de la Bogotá Humana de Petro. Entusiasmada reunió todos los documentos que le pidieron y esperó la respuesta oficial del Distrito. Sin embargo, el 30 de octubre se suspendió el proceso porque Grace no tenía libreta. Entonces instauró una tutela contra la Subdirección de Asuntos LGBT de la Secretaría de Integración Social, asegurando que dicho requisito vulnera su derecho al trabajo, niega su construcción de identidad y viola su intimidad y su derecho a vivir sin humillaciones.
En su criterio y el de Diana Navarro, directora de la Corporación Opción y la Red Comunitaria Nacional Transgénero, quien se interesó en el caso, es absurdo que a las mujeres trans se les exija la libreta militar, pues a pesar de haber nacido biológicamente como hombres —Grace se llamaba antes Iván Andrés Páez— ellas mismas no se reconocen como tales. En ese contexto, pedirles que aporten la libreta vulnera su posibilidad de acceder a cargos públicos y privados, graduarse de universidades y suscribir contratos con el Estado. Una especie de castración social que redunda en procesos de exclusión a perpetuidad. Un lastre que la comunidad LGBTI se quiere sacudir.
No obstante, el 22 de noviembre de 2013 la jueza María Patricia Ramírez negó la tutela argumentando que la exigencia de la libreta militar no vulneraba los derechos de Grace Kely, que la prestación del servicio militar obligatorio es un deber ineludible y que la ley actual no prevé exenciones para las transgeneristas. Su caso fue tomando fuerza entre la comunidad LGBTI y se unieron distintas organizaciones sociales, como Colombia Diversa.
Argumentando que las trans son mujeres a la luz de la Ley 48 de 1993, estas organizaciones pidieron que se le otorgue a Grace la tutela cuanto antes, que el Congreso tramite una ley de identidad de género que regule los derechos de esta comunidad, que se tomen medidas para que en adelante no se les exija a las mujeres trans la libreta militar y que el Ejército presuma la buena fe de las accionantes. Los magistrados María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas y Alberto Rojas (cuya elección fue anulada hace poco por el Consejo de Estado) tendrán la última palabra en este caso.
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