De los al menos, 629 casos de delitos de odio e incidentes discriminatorios registrados por entidades LGTBI a lo largo de 2017, 332 casos, han sido analizados por nuestro Observatorio al contar con información suficiente para ello.
El 73% de las víctimas fueron hombres gais y el 21% mujeres lesbianas, siendo los dos subgrupos más representados en la muestra. Es necesario poner en marcha estrategias de acercamiento a la comunidad trans para recoger información sobre las violencias que les afectan de manera cotidiana y sistematizar la recogida de datos conforme a las variables: cisexual, transexual y no binario.
En este sentido, destaca que solo el 8% de las víctimas se nombran y/o son identificadas como personas trans y que de un porcentaje muy alto (45%) no se sabe si son cisexuales, trans o no binarias.
El porcentaje de casos de personas bisexuales es muy bajo (2%). Esto vuelve a evidenciar una doble problemática, por un lado, la dificultad y desconfianza de las personas bisexuales para identificarse como tales a la hora de relatar las violencias y de hacer accesibles las herramientas de denuncia de su caso y por otro la asunción de homosexualidad de una buena parte de víctimas bisexuales de delitos de odio o incidentes discriminatorios LGTBIfóbicos.
El 4% de las víctimas que han sido identificadas como personas heterosexuales nos vuelve a mostrar cómo el prejuicio que motiva la violencia LGTBIfóbica no es sólo la orientación real, identidad de género, y/o expresión de género real, sino también la percibida por parte de los agresores. Por otro lado, son también muestra del “contagio” del estigma asociado a la homosexualidad, bisexualidad y transexualidad, ya que estas víctimas son con frecuencia personas que son parejas, familiares, amigos o acompañantes de personas LGTBI.
Más de la mitad (53%) de las víctimas pertenecen al rango de edad que está entre los 18 y 35 años. En contraposición en edad y en porcentaje están las personas mayores de 50 años que apenas llegan al 4% del total de las víctimas de las violencias LGTBIfóbicas. El elevado porcentaje de víctimas menores de edad (12%) debería hacer saltar las alarmas del sistema educativo, que no está ofreciendo suficiente protección al alumnado LGTBI.
El 71% de los casos tuvo lugar en una gran ciudad. Esta cifra viene a triplicar los casos que tiene lugar otros núcleos urbanos y rurales de menor población. Es necesario reflexionar en este sentido, por un lado, hasta que punto para la víctima juega como factor de protección el hecho de desvelar una incidencia LGTBIfóbica el que esta tenga lugar en una localidad donde es más fácil conservar el anonimato, y por otro, el valor que tiene el número, cercanía y accesibilidad de recursos de atención y de apoyo.
Nuevamente nos asalta la pregunta de si esto responde a la realidad, si se trata de los grandes núcleos urbanos donde se producen la mayoría de los incidentes o si lo que sucede es que las víctimas de los otros ámbitos no tienen ni los recursos ni la posibilidad de visibilizarse como víctimas de la LGTBIfobia. Cuando los incidentes se localizan en el entorno del hogar o cercano al hogar, los agresores son personas conocidas por parte de las víctimas (generalmente familiares y/o vecinos). Como hemos apuntado, es importante analizar el daño tan específico que infringe una violencia procedente de los entornos más cercanos o incluso familiares, especialmente entre menores LGTBI. En casi la mitad de los casos analizados se registró la presencia de dos o más tipos de incidente. El más prevalente fue el acoso e intimidación (insultos y uso de lenguaje amenazante o abusivo), presente en el 57% de los casos. Se ha registrado 1 caso de agresión sexual y un 12% de agresiones físicas.
Toda estadística tiene una cifra oculta, pero en este caso, la importancia de esa cifra es trascendental para asistir y apoyar a cada una de las víctimas. Entre un 60% y 80% de las violencias LGTBIfóbicas no se denuncian, es decir, las estadísticas, únicamente, nos advierten de muchas menos víctimas de las que existen. Dejan fuera a un elevado porcentaje de personas que, por algún motivo, ni informan ni denuncian las violencias que sufren. En muchos casos sufren en silencio y soledad.
Los motivos que pueden llevar a una persona víctima de las violencias LGTBIfóbicas a no buscar apoyo o información, a no contar lo que está viviendo o directamente a no denunciar pueden ser muy diferentes. Unos están imbricados en su libre decisión, pero otros pueden estar asociados a factores de vulnerabilidad y desprotección sobre los que es necesario incidir con políticas y medidas que la protejan, no solo a ella sino también a todas aquellas personas que, con su perfil, están expuestas de manera injustificada a las violencias homófobas, bífobas y tránsfobas.
Datos del estudio subvencionado por el Gobierno de España a varias asociaciones LGTBI de España.
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Subvencionado por:
¿Cuáles pueden ser esos motivos, esos sesgos que interfieren en los datos que describen el perfil de la víctima?:
• La víctima no es visible en su entorno y tiene miedo a que se revele su identidad • La víctima no identifica la violencia sufrida con el hecho de ser gay, lesbiana, bisexual o trans • La víctima encuentra o percibe obstáculos para informar y/o denunciar las violencias • La víctima es migrante y se encuentra en situación irregular • La víctima es una persona mayor
Sin duda, las entidades LGTBI tenemos un papel importante en todo ese proceso de prevención, conocimiento, información, denuncia e investigación y apoyo a las víctimas. Sin embargo, este no es suficiente si desde las instituciones públicas no se hace un esfuerzo por requerir que las estadísticas vayan más allá de las conclusiones descriptivas que arrojan los datos cuantitativos, si no trasciende en un análisis profundo que hable del perfil de la víctima de la LGTBIfobia y de su biografía en relación con las violencias. Es fundamental destacar la necesidad de unificar la legislación protectora del colectivo LGTBI, dotando de leyes similares a las ya existentes en 14 CCAA de todo el territorio español. También es imprescindible la implementación de esas leyes, el desarrollo de sus reglamentos, la información y formación que establecen las mismas. Desmontar los prejuicios históricos que están detrás de los incidentes aquí analizados no es una tarea fácil ni a corto plazo, y son necesarias todas las herramientas al alcance de una sociedad democrática para lograrlo.
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